La Intendenta Hanne Utreras dialogó con los ciudadanos para dar respuesta a sus necesidades, junto a los diputados Jorge Insunza y Luis Lemus, los consejeros regionales de Choapa, el gobernador Patricio Trigo y el alcalde de Illapel, Denis Cortés.
Durante cerca de cuatro horas, se escucharon atentamente los argumentos y la Intendenta dio a conocer la propuesta del nuevo Plan Estratégico del Gobierno Regional, para enfrentar la falta de agua entre los años 2015 – 2025.
“Son 62 medidas nuevas que se aplicarán desde este año, con una visión de largo plazo, para garantizar el abastecimiento de agua potable, mejorar la gestión del recurso hídrico, además de entregar apoyo productivo y social, en medio de esta catástrofe que se profundiza cada año”, expresó la Intendenta por la región de Coquimbo, Hanne Utreras.
“La problemática se repite con agricultores que están perdiendo su producción, cortes de suministro en la comuna de Illapel, y lo más probable es que pase lo mismo en otros sectores de la región, que la sequía llegue a la ciudad”, advierte el consejero regional, Denis Cortés.
DESCONFIANZA HACIA LA EMPRESA SANITARIA
Debido a los reiterados cortes del suministro de agua potable, los vecinos se quejaron de la empresa sanitaria Aguas del Valle, “les falta realizar un programa de inversiones, que hubiera asegurado su abastecimiento en todos estos años”, señaló la Intendenta informando que los antecedentes fueron presentados por el gobernador de Choapa, Patricio Trigo, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), “que debe asumir un rol más exigente como organismo fiscalizador”, dijo la autoridad de gobierno.
“Pedimos más fiscalización, necesitamos saber cuál es la calidad del agua que estamos recibiendo en las casas, y no queremos sufrir más cortes, queremos que la empresa cumpla su contrato”, señaló el alcalde de Illapel Denis Cortés.
En tanto, los legisladores se comprometieron a buscar las soluciones que ayuden a mejorar los procesos desde el congreso y así corregir los mecanismos de ayuda que tiene el Estado con una normativa que rige desde hace 50 años y que no se ajusta a la realidad de sus habitantes y al desarrollo de las actividades productivas en la región de Coquimbo.